Sebastián “N” y Gerardo “N” fueron ingresados bajo un fuerte dispositivo de seguridad al Centro Penitenciario de Barrientos, donde enfrentarán su audiencia inicial ante un Juez de Control.
En medio de un amplio operativo de seguridad encabezado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Sebastián “N” y Gerardo “N” fueron trasladados e ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Barrientos, en el municipio de Tlalnepantla, para quedar a disposición de la autoridad judicial.
El ingreso de ambos se realizó a bordo de un vehículo blindado, escoltado por elementos de seguridad estatales, como parte de las medidas implementadas por las autoridades para garantizar el traslado de los detenidos.
Permanecerán bajo proceso judicial
Los dos hombres son investigados por su presunta participación en el multihomicidio ocurrido en Atizapán de Zaragoza, caso que ha generado una fuerte conmoción pública debido a que entre las víctimas se encuentra una familia vinculada al músico de la agrupación Camilo Séptimo.
Tras su registro en el penal, ambos permanecerán bajo resguardo mientras se desarrolla su audiencia inicial, en la que un Juez de Control determinará la situación jurídica de los imputados y definirá las medidas cautelares correspondientes.
Operativo de alta seguridad
El despliegue de seguridad incluyó unidades oficiales y personal especializado durante el recorrido hacia el centro penitenciario, con el objetivo de evitar incidentes durante el traslado.
La Fiscalía mexiquense informó que las investigaciones continúan para esclarecer completamente los hechos y fortalecer la carpeta de investigación presentada ante el Poder Judicial.
Un caso que conmocionó al Estado de México
El crimen ocurrido en Atizapán provocó una amplia reacción social y mantiene la atención pública sobre el desarrollo del proceso penal. Conforme avancen las diligencias judiciales, las autoridades deberán presentar las pruebas correspondientes, mientras que los imputados conservan la presunción de inocencia hasta que exista una resolución definitiva emitida por la autoridad competente.
