Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó la detención de Virginia “N” y Diana “N”, madre e hija, por su presunta participación en una red dedicada al despojo ilegal de inmuebles en la capital del país. Las autoridades las señalan por un caso relacionado con una vivienda ubicada en la alcaldía Benito Juárez.
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención del caso es que Virginia “N” se desempeñaba como gestora dentro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, lo que abre nuevas líneas de investigación sobre una posible participación de servidores públicos en este tipo de delitos.
Las detenciones se realizaron horas después de que autoridades capitalinas sostuvieran una reunión con víctimas de despojo provenientes de seis alcaldías. Durante el encuentro, los afectados entregaron 61 nuevas denuncias y manifestaron su inconformidad con el desempeño del gabinete creado para atender estos casos, al considerar que los resultados han sido insuficientes.
Con estas nuevas denuncias, el número de expedientes relacionados con la recuperación de inmuebles asegurados por el Gobierno de la Ciudad de México y la Fiscalía asciende a 300 casos, mientras continúan los operativos para restituir propiedades a sus legítimos propietarios.
El caso ha puesto nuevamente sobre la mesa la dimensión del problema del despojo de inmuebles en la capital, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de investigación y sanción. La participación de una persona vinculada al sistema de justicia podría ampliar las indagatorias para determinar si existieron otras redes de colaboración o posibles actos de corrupción dentro de las instituciones.
Las autoridades capitalinas señalaron que las investigaciones continúan y no descartaron nuevas acciones para identificar a otros posibles responsables. Al mismo tiempo, las víctimas esperan que los procesos judiciales permitan no solo castigar a quienes resulten culpables, sino también agilizar la recuperación de sus propiedades y reforzar la confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia.
