La suspensión temporal de las inspecciones de aguacate para exportación a Estados Unidos volvió a exhibir el problema de inseguridad que afecta a productores y empacadores. Más de mil 500 elementos fueron enviados a la entidad para reforzar la seguridad.

MORELIA, Michoacán.— La crisis de seguridad que desde hace años afecta a las zonas productoras de Michoacán volvió a escalar esta semana, luego de que Estados Unidos suspendiera temporalmente las inspecciones necesarias para la exportación de aguacate debido a preocupaciones de seguridad en la entidad.

La decisión puso nuevamente bajo los reflectores a un problema que va más allá de las exportaciones: la extorsión y el cobro de piso que enfrentan productores de aguacate y limón, actividades que representan una fuente importante de ingresos para las organizaciones criminales que operan en distintas regiones del estado.

En respuesta a la situación, el Gobierno de México desplegó 1,557 elementos del Ejército y la Guardia Nacional en diferentes puntos de Michoacán, con el objetivo de reforzar la seguridad de las zonas productoras y, entre otras tareas, prevenir las extorsiones contra los productores.

El aguacate vuelve a quedar en medio de la crisis

La suspensión estadounidense representa un nuevo golpe para una industria estratégica. México exportó más de un millón de toneladas de aguacate a Estados Unidos durante 2025, con Michoacán como uno de los principales centros de producción.

La medida estadounidense fue adoptada después de una alerta de seguridad y no se trata de la primera ocasión en que las actividades relacionadas con la inspección del aguacate se ven interrumpidas por problemas de seguridad en Michoacán.

Aunque la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México señaló que la pausa temporal no debería provocar, por ahora, una afectación significativa al abasto estadounidense, el episodio vuelve a evidenciar la vulnerabilidad de una actividad económica que opera en regiones donde también tienen presencia grupos delictivos.

El problema no comenzó con esta suspensión

La extorsión contra productores agrícolas lleva años afectando a Michoacán. En el caso del limón, por ejemplo, productores de municipios como Apatzingán y Buenavista han denunciado históricamente el cobro de cuotas por parte de organizaciones criminales, situación que incluso ha provocado interrupciones en la actividad productiva.

Las autoridades federales también han reportado detenciones de personas presuntamente vinculadas con células dedicadas a extorsionar a productores de limón y aguacate.

En marzo pasado, por ejemplo, autoridades federales y estatales detuvieron a un presunto operador de una organización criminal señalado de coordinar actividades de extorsión contra productores de ambos productos, además de otros delitos violentos.

¿Mil 557 elementos son suficientes?

El despliegue militar representa una respuesta inmediata ante una situación que amenaza tanto la seguridad de los productores como la continuidad de una de las principales actividades económicas de Michoacán.

Sin embargo, la pregunta de fondo es si una mayor presencia de elementos de seguridad puede acabar por sí sola con el cobro de piso.

La propia estrategia federal reconoce que el problema requiere algo más que presencia territorial. El Gobierno de México ha planteado cuatro líneas de acción para Michoacán: mayor presencia territorial, inteligencia e investigación para detener a generadores de violencia y extorsionadores, coordinación entre instituciones y protección directa a sectores productivos como el aguacate y el limón.

Además, la estrategia contra la extorsión contempla unidades especializadas, fortalecimiento de la denuncia y utilización de la línea 089 para atender estos delitos. El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia reporta también detenciones relacionadas con este ilícito.

La verdadera batalla está en quitarle el negocio al crimen

El reto no consiste únicamente en colocar soldados en carreteras, huertas o empacadoras. Para reducir de manera permanente el cobro de piso, las autoridades necesitan identificar a quienes cobran las cuotas, desarticular sus redes financieras, investigar a sus operadores y garantizar que los productores puedan denunciar sin convertirse en blanco de represalias.

De lo contrario, los operativos podrían convertirse en medidas temporales que disminuyan la presión criminal mientras existe presencia de las fuerzas federales, pero sin eliminar las estructuras que generan las ganancias ilícitas.

La crisis actual deja así una pregunta abierta para las autoridades: ¿el despliegue de 1,557 elementos será el inicio de una estrategia integral contra la extorsión o únicamente una respuesta de emergencia ante la presión internacional?

Por ahora, Michoacán vuelve a estar en el centro de la discusión sobre seguridad, crimen organizado y producción agrícola. Y para miles de productores, la exigencia continúa siendo la misma: poder trabajar sin pagarle una cuota al crimen para conservar lo que producen.